Desde el año 1996 debería existir una renovación en la ley de coparticipación federal de impuestos, como se estableció en 1994 cuando se le dio a la misma carácter constitucional. Esta deuda, por parte de las instituciones argentinas, es la que está colaborando con el deterioro fiscal de las provincias.

Pero antes que nada, ¿qué se entiende por coparticipación?
El sistema de coparticipación federal de impuestos es un sistema de transferencias de fondos que busca compensar las brechas fiscales que surgen de la distribución impositiva entre la nación y las provincias. Es decir, existen recomendaciones teóricas que determinan como deberán distribuirse los impuestos entre el estado nacional-provincial-municipal. Los tributos directos, que son aquellos en donde coincide la base imponible (sobre la que recae el impuesto) con el recurso económico (con que se paga el impuesto) deben ser recaudados por el estado provincial. Los tributos indirectos, son aquellos en que no coincide la base imponible con el recurso económico (como el caso del IVA en donde la base imponible es el consumo pero el recurso económico que lo paga no puede ser el consumo sino el ingreso), deben ser recaudados por el estado nacional. Además, están los impuestos al comercio exterior, sobre los cuales tiene el estado nacional potestad absoluta establecida por la constitución nacional en el Artículo 75. Así la normativa argentina establece una distribución por fuentes tributarias pero a su vez establece la posibilidad de concurrencia, ya que tanto el estado nacional puede hacer uso, en casos excepcionales, de tributos directos (como el caso del impuesto a las ganancias cobrado por la nación y el impuesto a los ingresos brutos cobrado por las provincias) y las provincias de impuestos indirectos.

De esta distribución tributaria surgen las denominadas brechas fiscales. Los impuestos indirectos por tener un alcance mayor tienen grandes capacidades recaudatorias generando superávit a nivel nacional y, por otro lado, las provincias no llegan a cubrir sus necesidades con la explotación de impuestos directos, llegando así a déficit a nivel provincial. Estas brechas fiscales (superávit a nivel nacional y déficit a nivel provincial) deben ser compensadas por un sistema de transferencias desde la nación hacia las provincias (coparticipación). Se establece que el 57,66% de la masa de coparticipación sea distribuida entre las provincias mientras que el restante 42,33% quede en manos de la nación.

Una vez explicado el sistema de coparticipación: ¿porque sería necesario reformarlo?
Desde las reformas establecidas en las décadas del 80 y 90 se han transferido desde el estado nacional hacia las provincias la prestación de determinados bienes públicos como la educación (primaria en los 80 y secundaria en los 90), el sistema de salud pública, etc. Esta transferencia de responsabilidades hacia las provincias no fue distribuida con el correspondiente traspaso de fondos, lo cual genera el deterioro de estos servicios públicos. Este proceso se dio ya que el estado nacional tenía la necesidad de achicar sus gastos para mostrar estabilidad antes los organismos de crédito internacional. De aquí surge como en las últimas décadas ha empeorado la educación y acceso a la salud en la argentina, generando círculos viciosos en donde como resultado tenemos cada vez menos posibilidades de progreso.

En la década de los 90 se necesitó, a consecuencia de la reforma jubilatoria y de su importante déficit, incorporar al sistema de seguridad social como tercer socio del sistema de coparticipación nacional de impuestos junto con el estado nacional y las provincias. La situación de superávit que vive hoy en día la ANSES, siendo una de las cajas más fuertes del país, hace necesario que se redefina su participación en el sistema de coparticipación. Además, esta caja es usada por el gobierno nacional para financiar proyectos, por lo que, realmente los fondos del tercer socio de la coparticipación federal de impuestos es, en forma encubierta, un socio del estado nacional.

Las provincias han visto incrementadas sus deudas desde el año 1998 hasta el 2008 en un 582%. Esto evidencia que en la última década las provincias no han podido participar de la bonanza argentina, en donde la recaudación por impuestos aumentó un 438%. Los déficits provinciales obligan al estado nacional a realizar salvatajes contribuyendo con la irresponsabilidad fiscal de las provincias, ineficiencia y malgasto de fondos.

Las transferencias por fuera del sistema de coparticipación han crecido un 814% desde el año 1998 hasta el año 2007. Este tipo de transferencias discrecionales se convierten en una herramienta de presión política por parte del estado nacional hacia las provincias.

Por último en la ley Nº 23548, artículo 7, se establece que “…El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley…”. Los datos muestran que este porcentaje no se cumple ya que solamente en el 2001 se llego a un 35%, los restantes últimos nueve años no llegaron a este porcentaje.

En conclusión, para llegar a una mejor distribución de ingresos en el país y para contribuir con un desarrollo equitativo a lo largo y ancho de la argentina sería necesario reformar el sistema de coparticipación nacional de impuestos.

Fermín Quaglia